El Universal - Columnas

Katia D´ Artigues
Campos Elíseos
07 de agosto de 2009


El sí de la Suprema Corte
Nadie sabe para quién trabaja

“¿Y dónde está ‘Juanito’?” (Foto: LUCÍA GODÍNEZ / EL UNIVERSAL)


El periodo de receso que tuvieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación valió la pena. Ayer, con el voto de ocho de 11 ministros se echó para abajo el proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre, el cual pretendía no crear una comisión que investigara la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo.

Los ministros Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls Hernández, José Ramón Cossío, Juan Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Fernando Franco González Salas coincidieron en la necesidad de investigar si hubo violaciones a las garantías por parte de funcionarios, y ojo: antes y después de esta tragedia.

Más allá: los ministros Góngora y Silva Meza pidieron que también esta comisión nos garantice el derecho a la verdad de qué fue todo lo que sucedió.

Ayer fue un buen día. Además, la urgencia de la investigación de la Corte estaba sustentada en la nota principal de EL UNIVERSAL: gracias a su investigación sobre el caso de Acteal, detectaron que la PGR ¡creó evidencias! Por eso están en la cárcel ya desde hace 11 años ¡40 personas! que no pertenecen ahí.

Y luego se preguntan los políticos por qué tenemos tanto problema en creer en las instituciones que imparten justicia.

Ayer escuchaba el relato de dos de los padres de las 49 víctimas. Además de recuperar un poco de esperanza, piden y esperan que también se investigue el papel que tuvieron tanto Eduardo Bours, gobernador de Sonora, como Daniel Karam, actual director del IMSS (quien detalló a al SCJN que ese instituto ha destinado 16 millones 297 mil 469 pesos en atención a las familias de las víctimas y heridos), pero también sus antecesores.

Vaya, al menos creo que los padres de los menores se sintieron un poco apoyados, luego de la indiferencia con la que, relata Patricia Duarte, fueron tratados por José Luis Soberanes, quien fue cuestionado de por qué la tardanza en dar a conocer la recomendación sobre este caso. La respuesta del defensor nacional de derechos humanos fue que “ no quisieran llevar agua a su molino”. Así nomás.

Ahora hay que esperar la investigación y sus resultados. Para que la muerte de Axel Abraham Ángulo Cazares y Javier Ángel Merancio Valdez, dos de los pequeños fallecidos, no quede impune.