Esperamos que se haga justicia :: El Informador

Martha González Escobar

Esperamos que se haga justicia


Cuarenta y siete familias en cuyo seno vivían y crecían los niños que murieron asfixiados o quemados en el incendio de la guardería ABC del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras sus padres trabajaban, esperan el señalamiento oficial de los responsables de este accidente por evidente negligencia ocurrido en Hermosillo, Sonora.

En cambio, han recibido la noticia de que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, atraerá la totalidad de las investigaciones en torno al incendio ocurrido el 5 de junio.

Éste es el más reciente episodio entre los dimes y diretes del Gobierno estatal sonorenses con la Presidencia de la República, ambas entidades se culpan mutuamente de la tragedia, mientras los habitantes de Hermosillo presencian las manifestaciones de dolor de los familiares de los pequeños muertos, quienes sienten que la justicia tarda en llegar, más cuando el mismo Medina Mora muy anticipadamente declaró el 10 de junio que por esa negligencia cometida en las instalaciones de la guarda de niños nadie iría a la cárcel, porque el incendio no había sido intencional. Con esa posición de antemano se descalifica para enjuiciar imparcialmente.

Hasta este día lo que ha quedado claro para la opinión pública nacional, es la falta de voluntad política de las autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos y procurar justicia a las familias afectadas por la tragedia. Es de recordar que a 19 días del incendio han sido consignados siete funcionarios menores de la Secretaría de Finanzas de Sonora, algunos claramente ajenos al hecho, que fueron puestos en libertad bajo fianza y en cambio no se ha citado, nada más citado, a declarar a ninguno de los propietarios de la guardería, entre los que figuran familiares de ex funcionarios del Gobierno sonorense y de la esposa del Presidente.

Está puesto el escenario para que en lugar de aceptar sus responsabilidades, las dependencias de los dos niveles de Gobierno (federal y estatal) la eludan y mediante procedimientos legales y administrativos continúen con un golpeteo político y electoral, donde parece importar más la cosecha de sufragios en Sonora, ya sea por el PRI de Bours o por el PAN, que los niños muertos y heridos en un edificio carente de todas las medidas de seguridad exigidas por la protección civil más elemental.

La atracción que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció del caso de la guardería ABC, se ve como una medida para impedir cualquier señalamiento crítico al titular del Ejecutivo federal y un nuevo paso en la destrucción de las relaciones institucionales entre la Federación y las entidades que la conforman.

Recordemos en esta perspectiva, el desaseo legal y la falta de respeto al federalismo con que hace unas semanas se llevaron a cabo las aprehensiones de 27 funcionarios del Gobierno michoacano.

La sociedad debe demandar que los gobiernos estatal de Sonora y federal depongan la escalada de ataques mutuos en que se han enredado, y procuren una colaboración efectiva para esclarecer la tragedia, procurar justicia y sancionar conforme a derecho a los responsables de los múltiples descuidos que generaron el incendio fatal, independientemente de sus influencias políticas y familiares.


MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
Correo electrónico: marthaggonzalez@yahoo.com.mx